Criptomonedas y lavado de dinero, la posición de la Unión Europea
11 de mayo, 2022
Según datos recientes proporcionados por la Agencia de Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol), durante el año 2021, el uso de las llamadas criptomonedas, con fines de lavado de dinero, ha aumentado un 30%.
Javier Edwards
En nuestro país, donde la delincuencia y las actividades asociadas al narcotráfico se han disparado, este es un tema que debería estar entre las prioridades de las autoridades financieras: el Tesoro, el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero.
Al contrario de lo que ocurre en Chile y en la mayoría de los países de la región, en Europa, desde 1991 la Comisión Europea ha emitido hasta cinco directivas con el objetivo de aumentar los mecanismos de control, mejorar los poderes de supervisión y endurecer las sanciones en esta materia. En otras palabras, con el objetivo de prevenir en lugar de reaccionar tarde, la UE ha lanzado un ambicioso plan de acción contra el lavado de dinero, dentro del cual el control de los criptoactivos ocupa un lugar importante.
El lavado de dinero ha demostrado durante décadas su capacidad para evadir las prohibiciones, generando importantes retrocesos en el control de una de las principales actividades a través de las cuales el crimen y el terrorismo generan su propio mercado monetario y crean la fuente para financiar su industria criminal. Así, a las dificultades tradicionales, con la irrupción de los criptoactivos, se suman de manera exponencial nuevos desafíos para las autoridades financieras. Desreguladas, descentralizadas, con la máxima liquidez y ubicuidad, las criptomonedas -sin una regulación adecuada- pueden convertirse en el paraíso perfecto para el lavado de dinero y la financiación ilícita de actividades de la misma naturaleza.
El mercado de las criptomonedas ha tenido un crecimiento meteórico, cuya capitalización total, según ciertas estimaciones, podría haber alcanzado su máximo histórico el pasado mes de noviembre de 2021 con 2.600 millones de euros.
A diferencia de lo que suele ocurrir en materia legal, es decir, la ley suele responder de forma reactiva a las nuevas realidades que están apareciendo, dada la preocupante realidad del lavado de dinero a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain, en los países desarrollados parece haber una clara conciencia de la necesidad de ser proactivos y anticipar los posibles riesgos asociados a estas operaciones.
El ya mencionado plan europeo busca sentar las bases de un marco legal destinado a reforzar la seguridad, en términos legales, de las operaciones con criptoactivos, así como la de las personas que los adquieren. Esta propuesta se denomina MiCA (Mercados de criptoactivos), y debería consagrarse en un reglamento de la UE que refleje la necesidad de un nuevo derecho para un escenario tecnológico sobrevenido y altamente dinámico. Asimismo, se contempla la creación de una Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), entidad que se encargará de supervisar las operaciones en estos criptoinstrumentos en toda la UE y buscará garantizar la cooperación entre todas las Autoridades de Información Financiera de los Estados miembros de la UE.
En este escenario, se hace imperativo que tanto en Chile como en el resto de los países de la región adoptemos una actitud similar y tomemos la decisión de regular preventivamente en lugar de esperar a que la falta de control y la irrupción masiva de este tipo de operaciones tengan un impacto material adverso en nuestra economía, su sistema financiero y también en un mayor aumento de los delitos financieros.
