En un mundo globalizado con alta movilidad, Chile ha enfrentado una importante ola de inmigración en los últimos años, posicionándose como el segundo país de la región con el mayor porcentaje de población migrante (según cifras de la OIM). Esta situación (entre otras) llevó al Estado a reformar la Ley de Inmigración, vigente desde 1975, para promover los derechos, deberes y obligaciones de los extranjeros que han elegido Chile como país de residencia.
Ann Bruggeman
Tras 47 años de existencia, el Decreto Ley 1.094 de 1975 fue sustituido por la Ley N° 21.235, Nueva Ley de Inmigración e Inmigración, que se promulgó el 11 de abril de 2021 y entró en vigor el 12 de febrero de 2022 (la «Nueva Ley»), con el fin de permitir una migración segura, regular y responsable.
Situación anterior
Uno de los aspectos más críticos de la gestión de la migración en nuestro país se refería a los largos tiempos de espera para obtener una visa temporal o permanente sujeta a un contrato, que podían superar los 18 meses.
Esto implicaba una situación muy precaria para el inmigrante, dado que, durante este período, (i) no tenía la identificación necesaria para trabajar y (ii) no podía llevar a cabo las tareas administrativas y de la vida básicas (como contratar un plan de telefonía celular o abrir una cuenta bancaria).
Debido a lo anterior, la Nueva Ley ha buscado modificar y mejorar este aspecto perjudicial en cuanto a la concesión de visas. Aun así, el nuevo texto genera situaciones que también son problemáticas.
Situación actual
El propósito de esta Nueva Ley es impedir la entrada irregular de extranjeros y, por lo tanto, promover una migración legal, ordenada y segura.
Sin embargo, dicha ley enfrenta problemas prácticos que demuestran una dificultad para acceder a la regularidad, tales como:
Conclusión
Sin lugar a dudas, los cambios legales crearán herramientas para controlar los procesos migratorios descontrolados y brindarán beneficios al tratar de evitar que los extranjeros interesados en permanecer en el país tengan que esperar meses en territorio chileno sin documentación. Dicho esto, también es necesario destacar que la Nueva Ley dificulta el ingreso de la mayoría de los migrantes —principalmente de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%), Bolivia (8,5%) y Argentina (6,2%) -según cifras del INE de 2021- que no tienen una calificación profesional o vínculos que les permitan acceder a una oferta de trabajo del extranjero.
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